Murcia planta cara a Madrid por el autoconsumo de energías renovables

El Gobierno regional muestra a Industria su desacuerdo con el decreto que regulará la situación de familias y empresas que tienen placas solares.

El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández Albarracín, ha señalado que “no se puede exigir a un hogar que tenga una instalación de 100 kilovatios, el consumo de una casa, que cumpla los mismos requisitos que Iberdrola”.

El responsable regional dice comprender la postura del Gobierno central y las grandes empresas eléctricas, “que han hecho una inversión importante que corre el peligro de no amortizarse y podría implicar un incremento del coste energético que supondría un desastre para ciudadanos y empresarios”. Además, culpó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de haber cometido “errores tremendos” con las primas con las que se intentó potenciar al principio la inversión en energías limpias, “pues crearon una burbuja financiera”.

No obstante, Juan Hernández Albarracín, advierte de que el Gobierno regional no está dispuesto a renunciar al desarrollo del autoconsumo, “que está avanzando en todos los países de Europa”, por lo que plantará cara a Madrid para alcanzar una solución satisfactoria para todos. Pese al desacuerdo que hay ahora mismo con las políticas del Estado, el consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo confía en que poco a poco se puedan ir aclarando posturas, para lo que tiene claro que “las dos partes tendremos que ceder”.

Las energías renovables, principalmente la regulación del autoconsumo de aquellos ciudadanos y empresas que tienen instaladas en sus viviendas placas solares, continúa siendo motivo de fricción entre el Estado y la Comunidad Autónoma, que está dispuesta a plantar cara en Madrid hasta las últimas consecuencias para defender un sector que tiene grandes posibilidades de desarrollo en la Región de Murcia.

La legislación sobre la producción de energía fotovoltaica, que no ha parado de encontrarse con obstáculos por parte de las administraciones públicas que en su momento les animó a invertir con jugosas primas, ha motivado ya dos recursos de inconstitucionalidad del Gobierno regional contra el central, que ahora amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional la Ley autonómica de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética por considerar que existe una posible invasión de competencias.

Ahora, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo está preparando un real decreto para establecer las condiciones del autoconsumo, que la Comunidad consideró que tenía “múltiples carencias, incongruencias e imposiciones discriminatorias”, por lo que presentó alegaciones (la única región, junto a Navarra) con las que ha logrado que el Ejecutivo central establezca algunas modificaciones de su borrador principal. Sin embargo, los cambios todavía no son suficientes para los responsables de la consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, que tiene las competencias energéticas.

La Comunidad valora que el Ministerio ha modificado sus planes iniciales y ha introducido avances como eliminar el límite de 100 kilovatios para aquellas instalaciones de autoconsumo con venta de excedentes, así como que se autorice el bono social en el caso de autoconsumos sin venta de excedente y que se establezcan una serie de mejoras en cuanto a simplificación administrativa. Sin embargo, la consejería de Desarrollo Económico estima que se produce “un retroceso muy importante” en lo referido a la definición de lo que es una instalación aislada de la red pues solo incluye a las que están totalmente desconectadas de la red y no a las que cuentan con interruptores para desconectarse.

En opinión del departamento que dirige Juan Hernández Albarracín, “esto deja sin efecto la Ley de Energías Renovables de la Región, que no se alcanza a comprender, pues la tecnología disponible hoy en día impide el vertido a la red en condiciones de cantidad y seguridad”.

También considera la Consejería «discriminatorio» el pago de cargos por las instalaciones de autoconsumo (el conocido como impuesto del sol), que el Ministerio mantiene en su borrador de real decreto y parece que no está dispuesto a eliminar.

Desde el Gobierno regional interpretan que «las barreras técnicas que se imponen están dirigidas a mantener un ´status quo´ económico del sistema actual que tarde o temprano tendrá que caer. Es muy difícil explicarle a los ciudadanos, en general, y a los empresarios, en particular, que una región con carencias fundamentales en agua y otros recursos naturales, no pueda emplear su mayor recurso natural, el sol, para ser más competitivos y/o disminuir la factura energética».

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